Con la desaparición de las unidades móviles, el gobierno estatal dejó de tener presencia mensual en más de 1 mil 200 comunidades y con ello los oaxaqueños dejaron también de recibir miles de servicios públicos que ahora únicamente reciben en las cabeceras distritales o la capital del estado, declaró ayer el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, diputado local Francisco García López.
“Desde hace 2 años, la administración estatal dejó de llevar alimentos a más de 2 mil comunidades. Ya no beneficia a 300 mil adultos mayores. Se suspendieron 60 mil pruebas de detección de cáncer cervico-uterino y alrededor de 1 millón de actas de nacimiento ya no se entregan tan sólo por dejar de operar las unidades móviles”, precisó.
En entrevista con Tiempo, el ex coordinador del Programa de Unidades Móviles para el Desarrollo en el sexenio del ex gobernador Ulises Ruiz, dijo que más de 70 consultorios médicos dejaron de operar, así como más de 200 vehículos que recorrían el interior del estado.
“En campaña en busca del voto, el gobernador Gabino Cué dijo que iba a conservar lo que estuviera bien hecho y que no se iba a dejar llevar por sus fobias hacia al PRI o hacia el gobierno pasado. Sin embargo, ahora vemos con tristeza que las unidades móviles no solamente las mantuvo alejadas del pueblo, sino ya están desmanteladas”, expresó.
Al señalar que las unidades móviles es un programa que ya está desaparecido y que no hay interés en el gobierno estatal por ponerlas en marcha, dijo que más allá del discurso y la tesis de la defensa del combate a la pobreza y la atención a las necesidades de niños, jóvenes y adultos mayores están las necesidades reales de servicios de los oaxaqueños.
En su opinión, el gobierno estatal debe combatir la pobreza y para ello se necesitan programas asistencialistas que involucren a las comunidades para que los ciudadanos tengan beneficios.
Recordó que el programa tenía más de 200 vehículos, así como 70 consultorios médicos y unidades con servicios odontológicos que eran prestados por más de 600 trabajadores del sector salud, el Registro Civil, la Procuraduría para la Defensa del Indígena, entre otras instituciones.
“Es necesario que este tipo de servicios se lleven a las comunidades. Antes había capacitación para los campesinos, se atendían los problemas agrarios y los de las mujeres. También había atención especializada para niños y temas relacionados con los derechos humanos. Las brigadas eran exitosas y funcionaban porque habían más de 200 líderes y técnicos en contacto con la población para promocionar las unidades móviles y que los ciudadanos se acercaran sin temor a recibir todo tipo de servicios de manera gratuita”, añadió.
El diputado García López destacó el caso de los exámenes de papanicolau y dijo que las unidades móviles llegaban a una cuadra de las viviendas de las mujeres, por lo que no tenían que trasladarse y llegar hasta la capital para ser atendidas.
“Esto es muy importante porque también nos ayudaban los presidentes municipales, los regidores de Educación, Salud y Cultura para convencer a las mujeres que debían hacerse sus exámenes, al mismo tiempo que se generaba una cultura de explotación y seguimiento”, puntualizó.