El dato es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): La capital del país es la entidad en donde más se violan los Derechos Humanos (DH)… aunque eso no quiera decir que en los estados no se haga. En la lucha contra el narcotráfico, que inició en el sexenio pasado, se han reportado miles de casos violaciones en todo el territorio mexicano.
De hecho, es el periodo documentado en el que más casos fueron denunciados. Diversas organizaciones, nacionales e internacionales han acusado violaciones, en muchas ocasiones por parte de las fuerzas del Estado… A principios de 2012, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas de seguridad en México han cometido violaciones de DH y que los militares gozan de impunidad en esos casos, durante la presentación mundial de su informe en El Cairo. La directora de comunicación de HRW, Emma Daly, explicó que el entonces, Presidente Felipe Calderón, empleaba a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las Fuerzas Armadas no estaban bien entrenadas para realizar acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen abusos. “Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”, subrayó Daly en la sede del Sindicato de Periodistas de la capital egipcia. En su opinión, “existe una impunidad absoluta en México para los militares”, quienes, con el sistema de justicia militar, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo de pararlos”. Ante la acusación, el gobierno federal rechazó los señalamientos de HRW sobre supuestas violaciones a los derechos humanos e impunidad de los cuerpos de seguridad en el país. Pero los reportes sobre un sexenio de violaciones a los derechos humanos no terminaron allí. Amnistía Internacional indica que en toda América, las defensoras y defensores de derechos humanos sufren niveles crecientes de intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, grupos paramilitares, empresas y bandas criminales. En el informe titulado “Transformar dolor en esperanza: defensoras y defensores de derechos humanos en América”,
Amnistía señala unos 300 casos de “intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos” de defensores de los derechos humanos en diez países. De todos los casos analizados, solamente en cuatro los autores de los ataques fueron declarados culpables, es decir, poco más del uno por ciento del total. “Cuando las autoridades no protegen a quienes trabajan para defender los derechos humanos de todas las personas y no investigan los ataques perpetrados contra ellos, transmiten el mensaje de que se toleran los ataques”, manifestó Nancy Tapias, investigadora de Amnistía Internacional sobre esta temática. La mayoría de las víctimas, precisa AI, son personas que trabajan en temas relacionados con la tierra y los recursos naturales, que defienden a las mujeres, minorías sexuales e inmigrantes y quienes luchan contra los abusos de los derechos humanos. Además de periodistas, blogueros y sindicalistas. “Hombres y mujeres que trabajan para proteger los derechos humanos también están en la mira, pues poderosos intereses económicos y políticos los perciben como un obstáculo a proyectos de desarrollo de gran envergadura”, apuntó Tapias. El informe destaca que cerca de la mitad de los incidentes se produjeron por cuestiones relativas a la tierra, en países como Colombia, Brasil y Honduras, mientras que en Cuba y México los problemas proceden del hostigamiento judicial, la falta de pruebas y la falsedad de cargos al que son sometidos “defensores y defensoras”. No es la única ocasión en que AI ha criticado a las autoridades del país. En mayo pasado, el Director Ejecutivo de la sección de AI en México, Alberto Herrera Aragón expresó su preocupación tras mencionar que, de acuerdo con cifras del organismo, durante 2011 hubieron 12 mil víctimas y de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta abril del año pasado, había 8 mil 800 cuerpos sin identificar. De igual forma, citó cifras de la CNDH, según las cuales, registró mil 695 quejas en contra del Ejército y 495 en contra de la Marina. El organismo internacional urgió al gobierno mexicano a aplicar medidas efectivas para prevenir o investigar violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y la policía.
“El intenso contexto de violación al que se enfrenta México y la sistemática impunidad que caracteriza a la mayoría de las violaciones de derechos humanos son una combinación peligrosa que las autoridades mexicanas no han logrado resolver”, destacó AI en el documento. Remarcó que además en materia de violación a derechos humanos “existen indicios de que miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad actuaban en connivencia con organizaciones delictivas en el secuestro y asesinato de presuntos miembros de otras organizaciones delictivas, entre otros delitos”. Incluso señaló que para el gobierno de México “los abusos eran excepcionales” y que aun cuando ofreció que los autores rendirían cuentas de sus actos durante 2011 “sólo hubo un caso de personal militar que compareció ante la justicia”. Por otra parte, los ataques contra defensores de los derechos humanos en México se dispararon en 2011, cuando 188 activistas sufrieron agresiones, según un informe presentado el 26 de junio pasado por la organización civil Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh). La investigación, a partir de las denuncias de varias ONG y datos recogidos por medios de comunicación, muestra un aumento de ataques a activistas en el 2011 frente a los años precedentes, pues documenta 120 casos en 2008, 153 en 2009, y 50 en 2010. El documento refleja, asimismo, que en el primer trimestre del año pasado 47 defensores sufrieron algún tipo de agresión y señala al estado de Oaxaca y Chihuahua como las dos entidades con mayor número de ataques registrados en 2011, con un 17 % y 22 % del total, respectivamente.
De acuerdo con el informe, un 37 % de los hostigados se dedican a defender los derechos de los pueblos indígenas, un 24 % trata temas relacionados con exigencias de justicia y el resto aborda derechos de migrantes, de las mujeres, laborales y vivienda. El pasado mes de octubre varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) presentaron un informe que revela que los casos de tortura en México aumentaron alrededor del 500% en los últimos seis años, en el marco de la lucha contra el narcotráfico emprendida por la administración de Felipe Calderón. El documento, titulado “Situación de la Tortura en México” fue llevado ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura, a la que México se sumó en 1986. Este informe, realizado por las 73 organizaciones que constituyen la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), junto con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh),
muestra la “preocupación” que suscita una “situación agravada por la falta de avances en políticas públicas”. “La tortura sigue siendo una herramienta constantemente utilizada por las fuerzas de seguridad y fomentada por el actual pasivo de las autoridades ministeriales y judiciales”, dijo en rueda de prensa la portavoz de la Red TDT), Agnieszka Rzczynska. “Es difícil contar con cifras, pues la mayoría de casos no se denuncian, pero a pesar del subregistro, el número de casos del 2006 a la fecha ha aumentado en un 500 por ciento”, precisó el portavoz del colectivo contra la tortura y la impunidad, Javier Enríquez. De acuerdo con el informe, “la militarización de la guerra contra el crimen” es uno de los principales factores que ha motivado este incremento y, como prueba, señalan el aumento de las denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
