De acuerdo con información oficial, días antes del cambio de administración federal, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó 12 órdenes de aprehensión por el delito de fraude contra los implicados en la construcción con sobreprecios de la Estela de Luz, pero funcionarios del Poder Judicial detuvieron las eventuales sanciones. Informes ministeriales señalan que la Procuraduría solicitó las capturas contra funcionarios como Agustín Castro Benítez, ex director de la empresa iii Servicios, y su ex asesor técnico administrativo, Juan Alberto Bravo Hernández. Reforma informó que las órdenes de aprehensión fueron solicitadas a un juez federal del Reclusorio Norte quien se declaró incompetente con el argumento de que su homólogo Rubén Darío Noguera Gregoire, Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Reclusorio Sur, ya había resuelto un caso similar, por lo que le turnó el expediente. Pero éste último también se consideró incompetente, pues el caso se turnó a un tribunal colegiado penal del Distrito Federal para que determine qué juzgado debe resolver las aprehensiones. Según expertos en el tema, la decisión por parte del colegiado podrá tomar varios meses lo que mantendrá el caso sin movimiento alguno. De acuerdo con datos de la Procuraduría, el caso por fraude contra 12 personas se basa en la denuncia penal que presentó en enero de 2012 el entonces presidente de la Comisión de Función Pública del Congreso, Pablo Escudero Morales.
Estela de Luz es un proyecto diseñado, a petición del gobierno federal y producto de un concurso público, para conmemorar los festejos del Bicentenario de la Independencia de México. La obra constaría de dos esbeltas columnas de 104 metros de altura, separadas a una distancia reducida entre sí, que representan los dos siglos de autonomía del gobierno mexicano de la corona española. Su ubicación se definió en la entrada del Bosque de Chapultepec, sobre la avenida Paseo de la Reforma. El 12 de julio pasado, el arquitecto César Pérez Becerril presentó a la comisión permanente del Congreso de la Unión los documentos en los que, según él, se comprueban las presiones que ha recibido por parte del entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, para no revelar la supuesta corrupción en el proyecto; afirmó que Lujambio entregó a GUTSA el contrato con una licitación amañada y que se inflaron los costos de la Estela de Luz, cuya inauguración estaba planteada para el 16 de septiembre de 2010. Los documentos que recibió la Cámara de Diputados muestran que GUTSA concursó por el contrato de la Estela de Luz y se lo adjudicó con un monto original de 398.9 millones de pesos más IVA. Pero, según la denuncia del arquitecto Pérez Becerril, la empresa estaba inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública. El contrato IIIS-EST-COP-005-10 del proyecto debió ser entregado el 21 de agosto de 2010. Sin embargo, las autoridades federales firmaron a GUTSA un convenio de modificación y concedieron una ampliación de 414.6 millones de pesos para incrementar el costo total de la obra hasta 813.6 millones más IVA. GUTSA obtuvo una suspensión judicial contra su inhabilitación pero la Secretaría de la Función Pública impugnó. Aún así, la empresa fue invitada al concurso de la Estela de Luz. El 13 de julio, Lujambio citó a conferencia de prensa, para desmentir al arquitecto Pérez Becerril. Lo retó que presente pruebas de los supuestos actos de corrupción en la obra. Lujambio también negó “categóricamente” que haya solicitado al arquitecto César Pérez Becerril callar frente presuntos actos de corrupción en construcción del monumento Estela de Luz, luego de que la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados informó que recibió de Pérez Becerril documentos que acreditarían irregularidades y corrupción en el otorgamiento de la concesión y en la ampliación del costo de la Estela de Luz del Bicentenario. Conforme pasan los días, salen más datos que presumen corrupción. Por ejemplo, que Juan Alberto Bravo Hernández, director del proyecto Bicentenario, trabajaba en Gutsa (la empresa que infló los gastos) un mes antes de hacerse cargo de La Estela de Luz; por lo tanto, estaba impedido a dirigir la obra. O que Gutsa está inhabilitada para recibir contratos de obra pública hasta 2015 y que, por lo tanto, no debía realizar la construcción del monumento.