Con los rostros cubiertos y portando armas de fuego, pobladores de siete municipios de la región de la Costa Chica del estado de Guerrero decidieron conformar un movimiento civil armado para la autodefensa de sus familias y combatir al crimen organizado en esa región del sur de México.
Desde el pasado 5 de enero, los poblares instalaron retenes de revisión sobre carreteras y puntos de vigilancia en sus comunidades, principalmente en donde se han registrado hechos violentos como asesinatos, secuestros, extorsiones y hasta violaciones sexuales a jóvenes de las zonas.
Uno de los dirigentes de este grupo civil armado, quién pidió no ser identificado y mantuvo en todo momento su rostro cubierto, responsabilizó de estos hechos a los propios pobladores, funcionarios y policías municipales que están involucrados con cárteles del narcotráfico.
A poco más de una semana de la instalación de retenes y vigilancia, este grupo civil armado, en el que participa también la Policía Comunitaria de la región, han logrado la detención de 40 personas, todas, según acusaron, están relacionados con el crimen organizado.
El líder de este grupo afirmó que están implementando un nuevo modelo de defensa, pues han logrado en una semana lo que los efectivos policiacos de los tres niveles de gobierno no han podido.
“Este es un asunto de los pueblos, es insoportable vivir así. La delincuencia organizada es organizada porque muchas autoridades están involucradas, y no queremos la intervención de nadie, solo de los pueblos.
“Nos han desaparecido a muchas personas. Aquí ya nos están tocando a la familia que es lo más sagrado para nosotros, y si no nos defendemos, entonces no servimos. No nos vamos a mover hasta no limpiar la casa”, dijo el líder de este grupo.
Las 40 personas detenidas hasta el momento fueron llevadas a una casa de justicia instalada en el municipio de Ayutla —donde surgió este grupo—, y serán juzgadas en una asamblea comunitaria pública para definir sus responsabilidades, basadas en sus usos y costumbres.
“Nosotros no les llamamos penalidades, nosotros le llamamos reeducación, aquí se les reeduca, se les pone a trabajar al servicio de la comunidad”, explicó el líder.
Los automóviles y armas decomisadas a estas 40 personas también permanecen en esa casa de seguridad.
Este lunes, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y toda la estructura gubernamental de seguridad pública, como integrantes de la Secretaría de Marina y del Ejército acudieron hasta la zona de conflicto.
Entre protestas y reclamos, el mandatario y los funcionarios escucharon los reclamos de la población, como la petición urgente de la depuración de las policías municipales por estar involucradas con el crimen organizado.
El propio gobernador afirmó que el gobierno federal debe destinar recursos para estas comunidades y admitió que, mientras no se atienda la problemática social y de inseguridad, se corre el riesgo de que más municipios se integren a este combate civil armado.
Dijo que buscará una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, para reforzar el operativo de seguridad en la región de la Costa Chica.
“Mientras no se mejore de manera integral el problema de las comunidades, no se va a reducir la violencia. Situaciones como la de Ayutla pueden darse en otros municipios del estado donde el problema es la pobreza extrema.
“Hoy es Ayutla, mañana no sabemos en dónde sea y esto nos obliga a los tres niveles de gobierno a llevar una verdadera depuración y evaluación de quienes hoy tienen una responsabilidad que contribuya a la seguridad pública”, urgió el gobernador de Guerrero en su pasada visita al punto en conflicto.
El intento de secuestro de un comisario a quién los pobladores lograron rescatar dio pie al origen de este grupo civil armado. Un día después se sumó el poblado de Tecoanapa, quienes también instalaron retenes y formaron grupos de vigilancia.
En estos momentos, a poco más de una semana del conflicto, suman ya siete los municipios de la Costa Chica integrados a esta agrupación.