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Controloria va por Ulises Ruiz y Bulmaro Rito Salinas


Descartando un ‘borrón y cuenta nueva’, la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca (SCTG), Perla Woolrich Fernández confió en que a la brevedad se puedan fincar responsabilidades en contra de más ex funcionarios y en consecuencia liberar órdenes de aprehensión, incluso contra el ex gobernador Ulises Ruíz Ortiz y el ex titular del COPLADE, Bulmaro Rito Salinas.
A unos días de que el Juzgado Séptimo de lo Penal girará nueve órdenes de aprehensión, por el quebranto patrimonial de más de mil millones de pesos, cometido por integrantes del gabinete del régimen priista, aseguró que habrá “castigo para todas esas personas”.
De acuerdo a la funcionaria estatal, la resolución del Circuito Colegiado que determinó la no prescripción de los procedimientos, abrió la posibilidad para que, el despacho privado que realiza las investigaciones correspondientes, pueda encontrar mayores indicios que permitan consigna a otros ex colaboradores de Ruíz Ortiz.
Pese a su optimismo, la ex legisladora panista también advirtió sobre lo delicado del asunto, ya que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera, reveló que el juez que liberó las órdenes de aprehensión ha recibido amenazas de muerte.
Pero, “los procedimientos se están implementado, incluso por el despacho que se contrató, pues van dirigidos a la pesquisa, a buscar mayores indicios de responsabilidad, porque hay personajes muy señalados, no sólo el ex gobernante, también otros como (Bulmaro) Rito Salinas…”, acotó.
Tras sostener que no claudicará en su encomienda por combatir la corrupción, Woolrich Fernández añadió que durante la presente administración se han iniciado más de 600 procedimientos en contra de ex funcionarios y actuales servidores públicos, inhabilitando hasta el momento a 22 personas, dos de ellas por 20 años.
La contralora también informó que en 2013 se efectuarán 55 a distintas dependencias, además de los cuatro procedimientos que fueron remitidos al Congreso local en contra de autoridades municipales, como es el caso del presidente municipal perredista José Julio Antonio Aquino, señalado de manejo indebido de recursos federales por un monto de dos y medio millones de pesos.