Lunes 12 de noviembre de 2012
Felipe Calderón firmó el viernes pasado los cambios a la Ley General de contabilidad gubernamental que busca trasparentar lo que hacen estados y municipios con los dineros públicos.
Hacía apenas un mes, el presidente había firmado también la Ley anticorrupción en contrataciones públicas buscando evidenciar los cochupos y los moches en las dependencias públicas.
Hacía cuatro meses el mismo Felipe Calderón promulgó la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como Ley de lavado de dinero.
Y sin duda alguna frente a tan urgentes y necesarias iniciativas el presidente merecería el mejor de los aplausos. Pero resulta que no es un mandatario entrante, sino uno saliente.
Calderón promulga esas indispensables medidas que en México pedimos a gritos desde hace años, pero lo hace a unos días de entregar las llaves de Los Pinos.
El hecho en sí mismo obliga a preguntarle: ¿por qué no lo hizo antes, señor presidente? ¿Por qué debieron pasar sus seis años de gobierno para que estampara su firma en lo que usted sabía que urgía desde el primer día de su mandato? ¿Incompetencia, impotencia o complicidad?
Si en los primeros meses del gobierno se hubiera promulgado la Ley General de contabilidad gubernamental que firmó el pasado viernes, sin duda no tendríamos a la mitad de los estados de México con deudas que no pueden cubrir, salvo que el que viene les haga un Fobaproa a la medida.
Pero quizás Calderón no podía hacerlo porque eso lo habría obligado a fiscalizar a gobernadores del partido que en el 2006 lo llevó al poder y que no fue precisamente el PAN, sino el PRI.
¿Por qué a pesar de las claras evidencias nunca actuó contra el Gober Precioso de Puebla? ¿Por qué si fue tan evidente y descarado el saqueo de Natividad González Parás y de sus hermanos a las arcas de Nuevo León, siempre fueron intocables? ¿Por qué Eugenio Hernández puede navegar sin preocupaciones las aguas del Caribe en su yate, sin que nadie le haga olas?
El común denominador es que los tres gobernadores fueron parte del Tucom que trasvasó cientos de miles de votos priistas a las boletas con las que el PAN pudo retener la presidencia.
Si Calderón hubiese promulgado desde sus primeros días la Ley anticorrupción en contrataciones públicas, ya estarían tras las rejas decenas de funcionarios que lucraron en el sexenio foxista y en el suyo con licitaciones a modo. Las prisiones esperan.
Comenzando por los contratos con PEMEX de los Mouriño; los de Nestor Moreno en la CFE, su yate y su Ferrari; los de una docena de altos funcionarios que se hicieron millonarios con la Enciclomedia foxista; los de cuatro o cinco megadistribuidores de medicamentos del IMSS y del Issste, o los que dieron permisos de construcción sin control a Walmart.
Si el presidente, que dejará de serlo en cuestión de días, hubiera firmado la Ley de lavado de dinero el mismo día que le decretó la guerra al narcotráfico, habría cerrado la más importante fuente de financiamiento al crimen organizado.
Y sin duda habrían desaparecido la mayoría de los casinos que proliferaron en los sexenios panistas –con Fox y Calderón– y que están convertidos en lavanderías al servicio de quien los necesita.
Pero debemos suponer que Calderón esperó hasta el final de su sexenio porque se acaba de dar cuenta de la existencia de gobernadores corruptos, funcionarios devora-moches y narcopolíticos esconde dólares.
Por eso ahora la consiga presidencial es que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre Peña Nieto. Más vale tarde que nunca.