En el primer estudio de su tipo que se
realiza sobre el sistema penitenciario federal en México, el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) revela que los delitos contra
la salud (narcotráfico) constituyeron el principal motivo de sentencia
para los internos (60.2 por ciento).
Sin embargo, señala que en el caso de
las mujeres el porcentaje es significativamente mayor, ya que 80%
recibió condena por estos delitos, y gran parte lo cometieron personas
que no tenían antecentes penales y sin recurrier a la violencia.
MILENIO tuvo acceso a los resultados de
la primera encuesta realizada a la población interna en centros
federales de readaptación social 2012, elaborado por el CIDE a petición
de la administración de Genaro García Luna como titular de la SSP
federal, y cuyo diagnóstico fue entregado al gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto.
En el documento se destaca que en “claro
contraste” con las cárceles estatales y municipales, el sistema
penitenciario federal cubre estándares de seguridad, así como la
dotación de bienes de necesidad primaria y servicios médicos para los
sentenciados.
Señala que se lograron avances que
repercutieron en mejores condiciones de vida de los internos; sin
embargo, el centro emite una serie de recomendaciones a las
instituciones de seguridad, procuración de justicia y de ejecución de
sanciones, para concretar una red carcelaria orientada a la reinserción
social del reo.
El estudio (coordinado por las
investigadoras Catalina Pérez y Elena Azaola) arroja que los delitos
contra la salud constituyeron el principal motivo de sentencia
“Las mujeres internas en los centros
federales están sentenciadas en su gran mayoría por delitos contra la
salud, no violentos. Son mujeres sin antecedentes penales (98.9% de los
casos no ha sido condenada previamente).
“Sentenciadas sin concurso de delitos
(80% están condenadas únicamente por el delito de drogas) y 91.6% de los
casos reporta no haber portado armas. Mientras que solo 2% de los
internos varones tiene a su pareja en prisión, 22% de las mujeres se
halla en esta situación”.
Los reos son principalmente hombres y
mujeres jóvenes (mayoritariamente entre 31 y 40 años) con hijos (78.8%
de los varones y 88.4% del sexo femenino). 53.7% de los hombres y 60% de
mujeres no completaron la secundaria.
Sobre las condiciones en que viven los
reos del sistema penitenciario federal, el CIDE encontró que la dotación
de bienes de necesidad primaria está cubierta por la institución para
prácticamente la totalidad de los internos, “en claro contraste con lo
que ocurre en los centros penitenciarios locales. La excepción es el
agua para beber”.
Los centros del Complejo Penitenciario Islas Marías presentan las evaluaciones más bajas, según la encuesta del organismo.
“La mayoría de los internos,
especialmente en Islas Marías y Norponiente, enfrentan importantes
dificultades para recibir visitas. Cerca de 90% de los reos nunca ha
recibido visita.
La institución consideró “indudable” que
durante el gobierno de Calderón se realizó un esfuerzo sin precedente
para ampliar la capacidad en los penales.
Al inicio de la administración se contaba con seis centros penitenciarios y al final 19 y tres más en construcción.
“A partir de 2008, el gobierno federal
se propuso asumirla custodia del total de los presos federales,
iniciando así un ambicioso programa para incrementar su capacidad
instalada”.
En cuanto a la población, mientras al
principio del sexenio pasado el sistema federal albergaba a 3 mil 164
internos y 47 mil 336 del fuero federal se hallaban dispersos en
cárceles estatales, para agosto de 2012 contaba con 20 mil 219 reos y se
calculaba que al final de la administración se estará haciendo cargo de
28 mil.
La encuesta se levantó en ocho centros
federales. Cinco (Morelos, Laguna del Toro, Aserradero, Bugambilias y
Rehilete) se ubican en las Islas Marías, Nayarit.
Los otros fueron Cefereso 1, Altiplano,
en el Edomex, Cefereso 2, Occidente, en Jalisco, y Cefereso 8, en
Sinaloa. Se encuestó a 821 reos, 726 hombres y 95 mujeres.