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PRD paga fianza por disturbios; liberan a los 14 detenidos en fast track


CIUDAD DE MÉXICO, 28 de diciembre.- Legisladores del PRD y familiares de las 14 personas detenidas por los disturbios que se realizaron el día de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto pagaron la fianza para que éstos recobraran la libertad.
Los 14 jóvenes que abandonaron anoche la prisión se vieron beneficiados con una modificación fast track que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el pasado miércoles, al artículo 362 del Código Penal en materia de ataques a la paz pública, que redujo las penas, y que ayer fue publicada en la Gaceta Oficial.
Dinorah Pizano y Antonio Padierna, diputados locales del PRD y cercanos a René Bejarano, promovieron la defensa de los 14 detenidos e impulsaron las polémicas reformas para atenuar el castigo del artículo 362.
Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, legisladores federales perredistas, pagaron alrededor de 140 mil pesos, para garantizar que los jóvenes lleven a cabo su proceso penal en libertad.
A la par, diputados locales del PAN y PRI acusaron que se incumplió con el proceso legislativo y que la reforma obedeció a la coyuntura y a presiones.
Por su parte, los comercios afectados en los disturbios del 1 de diciembre han tenido que asumir la reparación de los daños, sin el apoyo de las autoridades.
1 de diciembre queda impune tras reforma
Dos diputados federales del ala radical del PRD pagaron parte de la fianza de los 14 detenidos por los disturbios del pasado 1 de diciembre, luego de que la Asamblea Legislativa aprobó el miércoles la reforma al artículo 362 de ataques a la paz pública con lo que abrió la vía para sacarlos de prisión ayer mismo a todos.
Después de que la jueza 47 penal Patricia Mora Brito, con sede en el Reclusorio Norte, fijara una fianza de 40 mil pesos a cada uno de los 14 detenidos, los diputados federales perredistas Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria pagaron alrededor de 140 mil pesos para garantizar que los 14 consigandos, entre ellos una mujer, lleven a cabo su proceso penal en libertad, aunque quedó pendiente el resto de la fianza de cada uno de los inculpados.
Sale el primero
Alrededor de las 19:30 horas de ayer salió del Reclusorio Preventivo Varonil Norte el primero de los 14 consignados. Fue Bryan Reyes Rodríguez, de 26 años, y estudiante de la Escuela Nacional de Música. Sobre él pesaba no sólo el delitos de ataques a la paz pública, sino también el de daños a la propiedad privada.
Era el único en esa situación jurídica y por el que se pagaron alrededor de 44 mil pesos como fianza, aunque la jueza había fijado una caución de casi 70 mil pesos.
Uno de los 14 liberados es una estudiante de 22 años y estaba recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
A la salida de Bryan Reyes, representantes de los medios de comunicación fueron agredidos por parte de sus familiares y de sus amigos —algunos encapuchados— que ya lo esperaban afuera del Reclusorio Norte.
“La cárcel me quitó muchas cosas, pero me regaló a mí mismo. Tuve mucho tiempo para pensar y para darme cuenta de muchas cosas acerca de mi vida, y aprendí muchísimo; me siento llenísimo de haber estado en ese lugar porque aprendí que hay muchas cosas todavía por qué luchar”, dijo en sus primeras declaraciones Bryan Reyes.
A los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que pagaron parte de la fianza para liberar a quienes presuntamente participaron en los disturbios del 1 de diciembre se les ha ubicado dentro del ala radical del perredismo e incluso han participado en toma de tribunas.
Sin embargo, los legisladores han tenido una participación activa durante el primer periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura.
López Suárez ha presentado cinco iniciativas y una proposición. Pertenece, entre otras, a la comisión para la revisión del funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros. (Cámara de Diputados).
En 2002 fungió como subdirector de Mercados y Vía Pública de la delegación Cuauhtémoc. Es fundador y miembro de Izquierda Socialista, corriente del PRD y hoy es integrante de la Comisión de Candidaturas del Consejo Estatal del PRD en el DF.
José Luis Muñoz Soria ha presentado 11 iniciativas y cinco proposiciones. Fue jefe delegacional de Cuauhtémoc (2006-2009) y actualmente es integrante de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la Cámara de Diputados.
Este diario buscó a ambos diputados para que dieran su versión sobre el pago de la fianza para liberar a los 14 consignados tras el 1 de diciembre.


PRI y PAN acusan presiones en dictamen
De acuerdo con diputados del PRI y PAN, el proceso mediante el cual se reformó el artículo 362 de Código Penal del DF para reducir las penas a aquellas personas que atenten contra la paz pública presentó irregularidades.
La modificación respondió a un tema coyuntural y presiones externas, y no a un análisis profundo.
Aunque los asambleístas reconocieron que la reforma era necesaria, señalaron que se incumplió con el proceso legislativo en comisiones y la dictaminación de esta iniciativa presentada por los perredistas Dinorah Pizano y Antonio Padierna se hizo de manera “exprés” y sin convocar a todos los integrantes.
Desde el encarcelamiento de 70 personas —una semana después fueron liberados 56—, sus familiares presionaron a las autoridades para que los excarcelaran.
Dinorah y Pizano y Antonio Padierna, diputados locales del PRD y muy cercanos a la corriente IDN, que lidera René Bejarano, promovieron la defensa de los 14 que quedaron detenidos e impulsaron la polémica reforma al artículo 362 del Código Penal del DF, que implica la reducción de la pena por el delito de ataques a la paz pública.
Con esta reforma, como lo publicó ayer Excélsior, se dejó de considerar ese delito como grave y, con ello cualquier acusado puede alcanzar el derecho a fianza para seguir su proceso en libertad.
Por ello, debido a que el proceso fue cuestionable algunos asadecidieron abstenerse en la votación, aunque el priista Fernando Espino fue el único que voto en contra.
“No podemos legislar al vapor. Estoy de acuerdo en que la pena era muy alta, pero no podemos legislar a favor de un grupo, porque entonces los vamos a acostumbrar a legislar por legislar”, dijo el diputado Gabriel Gómez del Campo, uno de los seis legisladores que no votaron. Agregó que una reforma no puede realizarse con base en un asunto en particular como fue el caso de los 14 detenidos del 1 de diciembre.
Otros legisladores que se abstuvieron fueron los priistas Tonatiuh González y Fernando Mercado, pues también consideraron que no se cumplió con el procedimiento legislativo.
Indicaron que Antonio Padierna, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que dictaminó la iniciativa que él presentó junto con Dinorah Pizano, no convocó a todos los integrantes de la misma a la reunión donde se avaló el dictamen que se subió al pleno de la ALDF.
Denunciaron que el dictamen demoró dos días en ser presentado y avalado, lo cual, dijeron, resulta “histórico”. Esta iniciativa perredista surgió al día siguiente de una reunión con padres de familia de los detenidos, quienes presentaron por escrito la solicitud de derogar el artículo 362. En tanto, Antonio Padierna negó que hayan respondido a intereses de terceros, y junto con Oliva Garza explicó que la reforma que se publicó en la Gaceta Oficial sí es retroactiva debido a que es en beneficio de un acusado al que no se ha sentenciado.
Por su parte, José Luis Caballero, especialista en derecho y defensor de derechos humanos, dijo que la reforma al artículo 362 se apega a los tratados internacionales de derechos humanos.
Consideró favorable la reducción de la penas. “Muchas veces ese delito (ataques a la paz pública) era utilizado con fines políticos, incluso en algunos casos es necesario valorar la derogación”, señaló el experto.
“No hay línea de represión”
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se manifestó respetuoso de la decisión que tomó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de modificar el artículo 362 del Código Penal para disminuir  la sanción del delito de perturbación de la paz social (o ataques a la paz pública) y en ese tenor es que instruyó a publicar la reforma en la Gaceta Oficial.
En entrevista, Mancera dijo que tras un análisis jurídico a la determinación de los legisladores se estableció que la nueva redacción del artículo cuestionado se mantiene en concordancia con la política que se ha seguido en el DF de salvaguardar los derechos humanos de las personas.
“Ha sido analizado por el área jurídica, y el Gobierno del Distrito Federal, lo reitero, no tiene ninguna línea de represión, pero siempre estaremos atentos a salvaguardar a las personas que estén en este territorio”, dijo.
Respecto a la aprobación fast track de esta reforma y a la “dedicatoria” que llevó para beneficiar a los 14 detenidos por los disturbios del 1 de diciembre, lo que podría dejar en la indefensión a la Ciudad de México frente a otro hecho similar, el jefe de Gobierno reiteró que su administración tendrá como compromiso velar por la seguridad pública al tiempo de proteger los derechos humanos.
“Escuché las posturas de las fracciones, tanto de PAN, como de PRD y del PRI, y lo que se advierte es una línea ya de conclusión en el debate. Así que el Gobierno del Distrito Federal de ninguna manera podrá ser tachado como represor.  Sólo estamos para cumplir con el mandato que es muy claro de la seguridad pública”, subrayó.
Mancera señaló que la Procuraduría General de Justicia del DF continúa sus investigaciones para detener a otros sujetos que hubieran participado en vandalismo el 1 de diciembre y de lo cual se tengan pruebas claras.
“He pedido a la Procuraduría que haya evidencias sólidas, entonces, muy seguramente en eso se está trabajando”, sostuvo.
Liberación divide al TSJDF
La reforma al artículo 362 que establece los delitos a la paz pública causó opiniones divididas entre jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Fuentes del TSJDF consultadas por Excélsior, y que pidieron el anonimato, dijeron que no existe una “corriente” uniforme sobre las modificaciones que reducen las penas por este delito antes considerado como grave.
Hay opiniones encontradas (entre jueces y magistrados), a favor y en contra. Se otorgarán esos beneficios siempre y cuando se fije una fianza y se garantice la reparación del daño, como en el caso de Bryan Reyes, acusado por el delito de daño en propiedad y que deberá pagar la fianza como reparación del daño, comentaron los entrevistados.
Al ser cuestionados si con esos beneficios otros detenidos por delitos a la paz pública deben alcanzar los mismos beneficios, como el caso de reguetoneros que en julio cometieron violencia en el Metro y se les acusó por ataques a la paz pública y destrucción de propiedad privada.
También se mencionó el caso de la trifulca en Tepito, también  en julio, donde el Juzgado 32 de lo Penal, en el Reclusorio Sur, dictó auto de formal prisión a 20 detenidos por los delitos de ataques a la paz pública tras un operativo para recuperar mercancía robada, lo que motivó saqueos, asaltos a peatones y automovilistas. Los entrevistados aseguraron que esos procesados deben alcanzar los mismos beneficios.
Dijeron que debe aplicarse el criterio retroactivo para quienes estén detenidos por los mismos delitos apegándose al principio “pro homine, que implica que la interpretación jurídica debe buscar el mayor beneficio para el ser humano”.
Liberado, allegado de AMLO
Las 14 personas alcanzan libertad bajo fianza por ataque a la paz pública:
A disposición del juez 11 penal Eduardo Mata Carrillo estaba en el penal femenil de Santa Martha Acatitla:
Rita Emilia Nery Moctezuma, de 22 años. Estudiante de enfermería en la FES Iztacala. Junto con su novio David Obed Palagot caminaba por la calle Filomeno Mata, en el Centro Histórico, el 1 de diciembre, y ambos fueron detenidos por la SSP-DF.
A disposición de la jueza 47 penal María del Carmen Patricia Mora Brito, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, permanecían:
David Obed Palagot Echavarría, 23 años, estudiante de la FES Iztacala.
César Llaguno Romero, de 22 años. Lustrador de calzado de la zona de Bellas Artes. De acuerdo con información publicada en una página de internet, el bolero fue despojado de su cajón de trabajo y “alguien” lo arrojó a un establecimiento comercial para romper un ventanal. Cuando César se acercó a recuperar sus enseres fue detenido por policías.
Enrique Rosales Rojas, de 50 años. Es maestro de primaria y se encontraba en la zona porque llevó a reparar su teléfomo celular a Eje Central.
Stylianos García Vackimes, 30 años.
Alejandro Lugo, de 34 años. Es mecánico automotriz.
Jorge Dionisio Barrera Jiménez, 35 años. Es padre de familia. El 1 de diciembre salió a comprar zapatos para su hija e iba caminando con su familia por Eje Central Lázaro Cárdenas y fue detenido al reclamar a un grupo de policías que sometían con violencia a un joven.
Osvaldo Rigel Barrueta Herrera, de 19 años de edad.
Sandino Jaramillo Rojas, de 30 años.
Roberto Fabián Duarte García, de 38 años.
Eduardo Daniel Columna Muñiz, de 19 años.
Daniel García Vázquez, de 24 años.
Carlo Miguel Ángel García Rojas, de 30 años.
Bryan Reyes Rodríguez, de 26 años. Es estudiante de la Escuela Nacional de Música. Fue detenido por policías cuando caminaba por calles del Centro Histórico. Por él pedían una fianza de 70 mil pesos.
Se les dictó auto de formal prisión, sin derecho a libertad bajo fianza, como presuntos responsables del delito de ataques a la paz pública en pandilla, acción considerada grave hasta el pasado 25 de diciembre, porque el 26 la ALDF rebajó la pena y con ello se puede pagar una fianza para librar la cárcel, lo que beneficiará a otros detenidos por otros casos en la Ciudad de México, como los reguetoneros o los consignados por violentos disturbios cometidos en calles de Tepito durante un operativo policiaco para recuperar mercancía robada.
Asumen pago por destrozos
Los comercios, hoteles y restaurantes afectados por los actos vandálicos del 1 de diciembre han tenido que arreglar, tramitar o asumir de manera individual, y sin el apoyo de las autoridades capitalinas, la reparación de los daños contra sus establecimientos.
Aunque el día de los hechos la pasada administración del GDF anunció que apoyarían a los afectados y la Secretaría de Turismo garantizó el acompañamiento a los afectados hasta el final, dejaron en manos de la Secretaría de Gobierno la negociación que consistió únicamente en agilizar los trámites con las aseguradoras.
Nathan Poplawsky, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, explicó que en el caso de los hoteles afectados, uno de éstos está justo a un costado de la Alameda Central, cada uno se encargó de denunciar los daños y exigir la reparación de éstos.
“La Asociación de Hoteles intervino hasta ese momento, en el que se hizo la negociación con el gobierno, para que se atendieran las necesidades de estos hoteleros, y ya lo que siguió fue una negociación individual entre cada uno de los negocios”, explicó.
Indicó que el mismo mecanismo de defensa individual frente a las aseguradoras correspondientes fue establecido para restaurantes, comercios, bancos y todos los demás negocios.
En el caso de los comercios afectados, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México estimó que los daños, principalmente tiendas y restaurantes, fueron de 28 millones de pesos, en tanto que las pérdidas por ventas no realizadas el 1 de diciembre rebasó los 950 millones de pesos.
Con este escenario, la inversión de más de 245 millones de pesos en el corredor Alameda Central de poco ha servido al GDF para lograr reactivarla económicamente ya que el desamparo en que quedaron los comercios afectados, ahuyentaron la posible instalación de nuevos espacios comerciales.
En la administración pasada, la Secretaría de Desarrollo Económico del DF (Sedeco) promovió entre inversionistas extranjeros el corredor Alameda Central, ofertándolo como uno de los sitios con afluencia de más de 12 mil personas diarias tanto de turistas como de residentes. Sin embargo, en las últimas semanas, lejos de aperturas de nuevos negocios, han habido cierres de varios, incluyendo espacios de servicios como las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.
Dos días después de los hechos vandálicos, los titulares de Seduvi y Turismo en la administración pasada llevaron a operadores de viajes, restauranteros y hoteleros a recorrer la nueva Alameda asegurando que el entorno creado con la rehabilitación potencializaría el éxito de nuevas inversiones.