Caso omiso al Programa Retorno Seguro, hicieron los propietarios de vehículos extranjeros que transitan por Coahuila sin placas u otra documentación, a la propuesta de las autoridades hacendarias porque es la única alternativa quela Secretaríade Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempla para quienes poseen este tipo de automotores, a pesar de su desdén.
No existe ninguna otra negociación encaminada a legalizar dichos autos, pese a promesas de grupos comola Organización Nacionalparala Proteccióndel Patrimonio Familiar (Onappafa) y otros que han surgido al amparo de los partidos políticos y asociaciones campesinas, cuyo único objetivo radica en concentrar poder entre los mexicanos con vehículos “chuecos” o “chocolates” y obtener jugosas ganancias con la supuesta “protección” que brindan las calcomanías y laminados simulando como si fueran placas que al menos en Coahuila otorgala Agencia Administradora Fiscal.
La SHCPpreviendo un desembolso innecesario y velando por los intereses de quienes cuentan con vehículos ilegales, ha exhortado en más de una ocasión a no dejarse sorprender y a dejar de seguir manteniendo a vivales, que al cobijo de organizaciones, partidos políticos o asociaciones campesinas han hecho de este problema su “modus Vivendi”.
No habrá más legalizaciones individuales o masivas; no existen ningún tipo de convenios o pláticas con quienes se ostentan como gestores de Onappafa, FRENOS, Confederación Nacional Campesina y Unidad Campesina Democrática, entre otras.
Las estadísticas de las autoridades fiscales indican que en Coahuila circulan alrededor más de 70 mil vehículos chuecos o ilegales, de los que más de un 40 por ciento poseen laminados de Onappafa y el resto se distribuye entre organizaciones campesinas y una que otra asociación “fantasma”, de ellos un 20 por ciento se concentra en Saltillo, un 40 en Torreón, 10 por ciento en Monclova y otros tantos diseminados por la región carbonífera.
A la menor insinuación de un requerimiento por parte dela SCHP, la reacción no se hace esperar y surgen a la defensa de sus propios intereses los representantes de Onappafa y demás.
Un problema legal que atenta contra el comercio formal de distribuidores de autos mexicanos y la retribución financiera del Estado y el país, reviste tintes políticos propios de partidos que toman este problema como su bandera política y ganar adeptos en las urnas.
Coahuila es, quizás, de los estados del norte con mayor índice de vehículos extranjeros que circulan de manera ilegal, caso contrario a Nuevo León. Cuando estuvo al frente en su período de Gobernador en 1997-2003 Fernando Canales Clariond, rechazó a la circulación de este tipo de autos de manera inmediata y poco a poco se aminoró el índice de automotores cuya única identificación o matrícula eran las calcas o engomados de Onappafa, no permitiendo el entonces Gobernador neoleonés una competencia desleal en el mismo estado que él presidió. Cabe recordar que Canales Clariond posee concesiones para distribuir autos nacionales en Nuevo León.
Otra de las reacciones de los dueños de autos ilegales es recurrir a poner en venta su unidad, en busca de un nuevo incauto a quien cargarle un problema que cada día se torna como una bomba de tiempo; cuando toman fuerza los comentarios sobre este tipo de autos es común verlos lucir un enorme signo de pesos y un número celular.
En la adquisición de un automóvil de estas características, ya no se contempla la famosa “compra de buena fe”, cada individuo está enterado de los riesgos que implica contar con un carro “chocolate”, por lo tanto, al venderlo tampoco existe esa buena fe, se trata de pasar la “papa caliente” a ver a quién cae o se le sorprende con ella.
Al tomar participación los partidos políticos en el asunto,la Onappafay demás socios o cómplices se oponen porque quedarían al descubierto los movimientos fraudulentos y que a final de cuentas poco o nada han gestionado para ello.
Los vehículos extranjeros protegidos por esta organización están muy lejos de significar un apoyo a las familias de escasos recursos, los modelos que circulan en Saltillo, Torreón, y Monclova, principalmente así lo indican sus tripulantes de esas cabeceras municipales, que son en su mayoría de clase media alta y alta, en cuyas cocheras, entre su flotilla de vehículos figura uno ilegal: el del “junior” para economizar.