Liconsa: ¿la cueva de Alí Babá?

Poco ayudan a Enrique Peña Nieto y a su pretensión de mostrar una nueva cara del PRI a su regreso al poder, nombramientos como el de Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva al frente de Liconsa S.A., empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La noble función de Liconsa, industrializar leche de elevada calidad y distribuirla a precio subsidiado para apoyar la nutrición de millones de mexicanos, en especial de familias en condiciones de pobreza, podría verse seriamente empañada al quedar bajo la dirección de un hombre relacionado con las expresiones más corruptas de gobiernos del Revolucionario Institucional como el que encabezó en Oaxaca Ulises Ruiz entre 2004 y 2010.

De él fue jefe de prensa Ramírez Puga-Leyva, hijo del dueño del periódico El Extra de Oaxaca, al que benefició con jugosos convenios publicitarios del estado. Incluso, el panista Javier Corral (en medio del proceso electoral local de 2010 en que el PRI perdió el gobierno) exhibió una factura emitida por la editorial Escorpión/El Extra de Oaxaca por la cantidad de 700 mil pesos mensuales. Esa mensualidad —según fuentes del actual gobierno oaxaqueño— se entregó durante los cuatro años que Ramírez-Puga Leyva estuvo al frente de la Coordinación General de Comunicación Social del estado. Es decir, le pagó a su papá un total de 28 millones de pesos.

De manera que el uso de influencias políticas a favor de intereses personales dio algunos frutos que periodistas oaxaqueños han documentado en sus medios. Por ejemplo, la apertura de un restaurante en un inmueble catalogado como patrimonio arquitectónico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Esa propiedad pertenecía al gobierno de Oaxaca, que se la entregó al padre de Ramírez Puga-Leyva en comodato por 20 años, pero a través de maniobras extralegales la casa quedó escriturada a nombre de su familia, aseguran las fuentes consultadas por esta columna.

^[2]Coincidió, agregan esas fuentes, que durante los primeros días de su gestión como jefe de prensa de Ulises Ruiz, construyó una residencia de más de 2 mil metros cuadrados en la zona ecológica protegida de San Felipe del Agua, con cancha de tenis, alberca y salón de fiestas.

Pero ya en el terreno de la responsabilidad política, hay quienes consideran que a Ramírez-Puga Leyva se le puede considerar cómplice de los 30 muertos y varios desaparecidos que dejó el gobierno de Ruiz en el conflicto social oaxaqueño de 2006-2007, donde aterrorizaron a la gente las “caravanas de la muerte”, famosas por la violencia que desataron contra los maestros de la sección 22 del SNTE y los militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Después de aquella gestión, Ramírez-Puga Leyva fue premiado con una diputación en la pasada legislatura, la número LXI, donde se dedicó a cultivar los favores de los poderosos en turno.

Ese carácter acomodaticio ya lo había mostrado en una anterior gestión como diputado federal. Fue en la legislatura LIX en la que primero se sometió al poder de quien fue la primera coordinadora parlamentaria del PRI, Elba Esther Gordillo, hasta que el conflicto de la maestra con el entonces presidente del tricolor y ya próximo candidato presidencial, Roberto Madrazo, llevó a que fuera desconocida como lideresa de los diputados tricolores para imponer al hoy secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet. Fue Ramírez-Puga Leyva uno de los golpeadores de aquel sublevado priísmo que fueron a patear y a derribar la puerta de las oficinas de Gordillo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Por eso, el temor de que Liconsa se convierta en una cueva de Alí Babá.^[3]