De acuerdo con el informe, Televisa y TV Azteca concentran el 90 por ciento del mercado de televisión abierta.
Bruselas (8 diciembre 2012).- La concentración televisiva está erosionando la democracia de México, por lo que es fundamental que el Gobierno de Enrique Peña Nieto impulse nuevos espacios de información, aseguró ayer la organización no gubernamental Freedom House.
"La concentración de la propiedad de los medios está erosionado la democracia en el sentido de que no permite que la gente participe de manera efectiva porque sólo recibe información de una fuente", dijo a REFORMA Vanessa Tucker, directora de "Países en una Encrucijada", el informe anual de Freedom House que analiza los estándares democráticos de 70 naciones y fue presentado a oficiales del Servicio Exterior de la Unión Europea.
"Ante la importancia de la libertad de expresión en el funcionamiento de una democracia, debería ser prioridad de la nueva administración el impulso de nuevos espacios de información", afirma la organización no gubernamental.
De acuerdo con el informe, Televisa y TV Azteca concentran el 90 por ciento del mercado de televisión abierta.
"Los medios de transmisión mexicanos siguen siendo dominados por dos compañías: Televisa y TV Azteca. Estos dos conglomerados controlan más del 90 por ciento del mercado de televisión abierta. Además, 13 grupos de negocios controlan el 86 por ciento de las estaciones de radio", subraya el informe.
"Televisa, en particular, ejerce gran influencia política y financiera y mantiene una posición dominante en la formación de la opinión pública mexicana", sostiene el documento.
"La compañía (Televisa) es capaz de dañar la trayectoria de políticos que amenazan su dominio. Por otro lado, puede transformar a un candidato favorito en un político ganador, como fue el caso de Enrique Peña Nieto, ex Gobernador del Estado de México y, posteriormente, el principal contendiente a la Presidencia", añade.
El estudio concluye que los mayores obstáculos a la libertad de expresión en el País son la concentración de los medios y la capacidad del crimen organizado de amenazar a los propietarios de los periódicos y asesinar a periodistas.
"El otro principal obstáculo a la independencia de los medios de comunicación y la libertad de expresión es la capacidad del crimen organizado de amenazar a los propietarios de los periódicos y medios electrónicos y de asesinar a periodistas", advierte.
"Países en una encrucijada" establece que México obtiene malas calificaciones en temas como las libertades civiles, el cumplimiento del estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia.
Dicho análisis fija parámetros de evaluación que van de los 0 a los 7 puntos, de modo que en el índice relacionado con la capacidad del Estado por proteger a la ciudadanía ante la tortura, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, México, con una calificación de 2.75, sale peor parado que países como Sierra Leona, Nicaragua y Liberia.
Otro indicador en el que México figura por debajo de estándares como el de Guatemala, Nepal y Malawi, es el relacionado a la corrupción entre oficiales públicos, donde obtiene 3 puntos.
"México está muy por debajo de los 5 puntos, el estándar mínimo que consideramos debería tener un país", establece la agrupación, con sede en Washington, en sus conclusiones.
"Lo que nos dicen estas cifras es que puede haber algunas leyes y procedimientos, pero en términos de implementación y seguimiento hay lagunas importantes".
La organización no gubernamental Freedom House publica cada año otro informe que es utilizado para ilustrar el mapa sobre el estado de la libertad de prensa que se exhibe en el Newseum, el museo de noticias y periodismo en Washington.
En las ediciones 2011 y 2012 de este informe, México pasó de ser considerado un país "parcialmente libre" a uno "no libre", a la par de naciones como China, Corea del Norte y Cuba.
Daniel Calingaert, vicepresidente de Freedom House, explicó que los informes elaborados por la organización no gubernamental son utilizados regularmente por donantes internacionales, como la Unión Europea y el Banco Mundial, para la definición de políticas de cooperación