México, DF, 9 de diciembre.- Aun cuando se registran avances sustantivos en derechos humanos al elevarlos a rango constitucional,
México todavía vive claroscuros en esta materia, señaló la experta Gloria Ramírez, de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la
UNAM.
En un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la especialista indicó que el tema aún afronta grandes
desafíos en la consolidación democrática de la instituciones del Estado.
En México, añadió, los organismos públicos respectivos, que integran uno de los sistemas más grandes del mundo en la materia, tienen
escasa incidencia al momento de resolver violaciones en casos relacionados con seguridad, acompañamiento a familiares de víctimas,
pobreza, feminicidios y desigualdad social.
La política de Estado respectiva no está consolidada, “es un esfuerzo incipiente a pesar de contar con recursos y órganos especiales”,
advirtió la coordinadora de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre, señaló que el clima de violencia
muestra una falta de gobernabilidad y desatención a las víctimas, al no detener y juzgar a los agresores.
Mencionó que los niveles de impunidad superan el 90 por ciento, y sólo entre tres y cinco casos de cada 100 que llegan a las autoridades
terminan en aprehensión.
La académica universitaria señaló que en el país las garantías económicas, sociales y culturales no están resguardadas, y como ejemplo
mencionó que la pobreza constituye una violación, y si no hay acceso al trabajo, tampoco a la alimentación, salud, educación o vivienda,
es decir, a una vida digna.
En ese sentido, aludió a las sentencias de la Corte Interamericana hechas al Estado mexicano, que representan la oportunidad de
establecer marcos de referencia para la creación de protocolos, mecanismos y una cultura de reparación del daño y redignificación de las
víctimas.
No obstante, lamentó que a pesar de que un tribunal internacional otorga la razón a los afectados o a sus familiares en sus demandas,
éstas no se cumplen cabalmente, e incluso son señalados, acosados y hostigados y sin “oportunidad de recuperar sus vidas”.