La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 12/2012 a las autoridades de San Juan Mazatlán por contar con un grupo armado que privó de la libertad ilegalmente al coordinador de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano en la zona Sur-Sureste, Alejandro Solalinde Guerra y a tres de sus escoltas.
Lo expedientes DDHPO/002/RIX/(10)/OAX/2012 y DDHPO/015/RIX/(10)/OAX/2012, revelan que los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2011, en la agencia municipal de Santiago Tutla, cuando un grupo armado que operan en el municipio de San Juan Mazatlán con anuencia de la autoridad municipal encarcelaron al Padre Solalinde y a sus escoltas Rubén Fuentes Bonifacio, Luis Alberto García Mendoza y Héctor Martín Maldonado Pérez.
El presbítero José Alejandro Solalinde Guerra, manifestó que aproximadamente a las 16 horas del 30 de diciembre de 2011, al llegar a un retén ubicado en la entrada de dicha localidad, fue abordado por una persona armada con un rifle AR-15, quien los cuestionó sobre el motivo de su visita.
Posterior a ello, fueron conducidos a la agencia municipal, en donde el ciudadano José Raymundo Fabián les preguntó por qué traían armas de fuego, y enseguida el agente municipal ordenó que fuera revisado el vehículo en el que se trasladaban, ello ante la presencia de un grupo de aproximadamente veinte personas que se encontraban armadas, acusándolos de traer armas de fuego escondidas en la unidad de motor.
También golpearon a sus escoltas, les quitaron sus pertenencias, y los presentaron ante la asamblea general de ciudadanos, en donde el quejoso explicó a los habitantes de la población el motivo de su visita.
Sin embargo, le exigieron firmar un acuerdo para dejarlo salir de la comunidad, en el que reconocía traer armas de fuego escondidas y que quería romper la cadena para salir, documento que se negó a firmar al no estar de acuerdo con su contenido; agregó que al lugar se presentaron elementos de la Policía Estatal quienes coadyuvaron para que se les permitiera salir de la comunidad.
La Defensoría considera que fueron vulnerados los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal del fundador del Albergue para migrantes centroamericanos “Hermanos en el Camino”.
Por tal razón, la Defensoría demandó a la autoridad municipal que realice “de manera inmediata una disculpa pública a los agraviados por los hechos en los que incurrieron los elementos de la Policía Municipal y el entonces agente municipal de Santiago Tutla, como una forma para reparar el daño moral de que fueron objeto”.
En la recomendación, el ombudsman Arturo Peimbert Calvo pidió al presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe, giré instrucciones al agente municipal de Santiago Tutla, Gaudencio Nicolás Narciso, “a fin de que de manera inmediata retire el retén que actualmente se encuentra en el acceso a esa población” y se permita “el libre tránsito en aquella población”.
Asimismo, “de manera inmediata y permanente” se le recomienda implemente las medidas necesarias “a fin de garantizar no sólo a los aquí agraviados, sino a los habitantes de Santiago Tutla, que no se repetirá la implementación de retenes en los accesos a dicha localidad (porque vulnera) la garantía de libertad de tránsito contemplada en la Carta Magna y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos”.
De igual forma, la DDHPO pidió a la autoridad municipal inicie y concluya procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del ex agente municipal de Santiago Tutla, Marcos Domínguez Cirilo y de los policías municipales Juventino Santiago y Omar Reyes, así como de aquellos servidores públicos que hubieran participado en los hechos analizados en la presente resolución, y de ser procedente, se les impongan las sanciones que resulten aplicables.
Además, en la Recomendación 12/2012 se establece “un plazo no mayor de 60 días naturales para impartir un curso dirigido a las autoridades municipales y a la policía municipal de Santiago Tutla, a fin de capacitarlos acerca de las facultades y obligaciones que tienen en razón de su cargo, así como en materia de derechos humanos, para evitar así la reiteración de violaciones como las que quedaron acreditadas” con esta resolución.
Mientras que al secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, le requirió que implemente mesas de diálogo con las autoridades municipales de Santiago Tutla, San Juan Mazatlán Mixe, que permitan encontrar alternativas de solución con relación a las violaciones a derechos humanos.
Y al procurador General de Justicia, Manuel de Jesús López, se le solicitó, inicie la indagatoria que corresponda y emita las medidas necesarias para la protección y atención de víctimas, ofendidos o testigos, y en general de todos los sujetos que intervengan en el proceso penal, con sustento en lo dispuesto por la fracción X del artículo 9º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.